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Carmen Domingo

Asociaciones de Mujeres rechazan la propuesta de Montserrat Comas

Las Asociaciones de Mujeres firmantes manifestamos nuestra oposición a la propuesta realizada por la Presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Montserrat Comas d´Argemir i Cendra, al proponer ante la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y de Igualdad de Oportunidades del Congreso de los Diputados que la pena de alejamiento que se impone a los agresores condenados por delito de malos tratos debe estudiarse caso a caso, en lugar de ser de imposición obligatoria, como sucede actualmente.

Las Asociaciones de Mujeres firmantes, confirmamos que la pena de alejamiento supone una garantía, seguridad y protección para la mujer que ha sido maltratada; dificulta la reincidencia en el maltratador y le concede a la mujer un tiempo de recuperación.

Las razones esgrimidas por Montserrat Comas, a favor de la supresión de la pena automática de alejamiento al agresor que ya ha sido condenado por delito de malos tratos se reducen a que, a veces, son las propias mujeres quienes lo solicitan, porque la denuncia sólo era una advertencia y también porque alguna de estas condenas lo son por faltas leves.

No perdemos de vista que en alguna ocasión la propia víctima, influenciada o coaccionada por el agresor, no quiera la pena de alejamiento. Pero esta es la excepción y no se legisla para supuestos de excepción, sino para la generalidad de los casos, en los que la pena de alejamiento es una seguridad indiscutible para la mujer maltratada.

Las Asociaciones de Mujeres firmantes le recordamos a Montserrat Comas el hecho de que hay que situarse en la piel de las víctimas para entender por qué en ocasiones se retiran las denuncias, ya que es el único caso en el que se trata de denunciar a la persona a la que se está unida sentimentalmente y en muchas ocasiones también económicamente. Y las dependencias psicológicas y económicas o el temor a la reacción del agresor porque se ha recibido una nueva amenaza están detrás de estas peticiones ocasionales de dejar sin efecto la pena de alejamiento.

En esta situación es imposible que la mujer pueda calibrar el riesgo que corre; de hecho algunas son asesinadas cuando vuelven con sus agresores.

Pero lo más importante es que NINGUNA mujer maltratada denuncia nunca como una advertencia. Cuando acude al Juzgado es que ha llegado al limite de la resistencia personal.

No caben nuevas reformas en favor del condenado por maltrato. La propuesta lanzada encuentra su respuesta en la propia Constitución que determina que las condenas "serán de obligado cumplimiento" y que la Ley no prevé en los casos de violencia de género que el perdón de la víctima justifique la suspensión de la condena impuesta al maltratador.

Respecto a la cuestión relativa a que algunas sentencias lo son por faltas leves, debemos manifestar que muchos jueces todavía consideran la amenaza de muerte una falta leve, cuando es un delito y que en los casos de condena por falta la pena de alejamiento no es obligatoria sino potestativa del juez.

Además esta propuesta se hace en una situación de 58 mujeres asesinadas en el año 2005; 68 mujeres lo fueron en el año 2006 y 74 en lo que va del año 2007. Un total de 49.968 agresores han sido condenados por malos tratos hasta junio de este año; cada 12 minutos se detiene en España a un hombre por violencia de género, y uno de cada 10 arrestos que se practican es por la misma causa.

La lucha contra la violencia de género no requiere hoy suavizar las leyes a favor de los maltratadores, porque aún no hemos empezado a ver la solución al problema que constituyen los malos tratos en nuestro país. Y la propuesta realizada desde el Consejo General del Poder Judicial la consideramos como un ataque en toda regla a la Ley Integral contra la Violencia de Género, que las Asociaciones de Mujeres defendemos y reivindicamos como muy positiva para las mujeres que se encuentran en la dolorosa situación que la ley contempla.

Luchar contra los malos tratos es en primer lugar tratar de que no vuelvan a ocurrir –y la propuesta facilita que se vuelvan a producir- y en segundo lugar ayudar a quienes han sido víctimas para que remonten la situación en el menor tiempo posible.

A las ciudadanas/os de nuestro país, no le pasará inadvertido que cuando se habla de presuntos ladrones, aquellos que causan daños en el mobiliario de nuestras ciudades, los que lanzan amenazas contra el orden establecido, los que venden papelinas, etc. No existen reticencias para que se acuerde de forma inmediata SU PRISIÓN INCONDICIONAL. Se alega en su favor la alarma social que ocasionan; si bien cuando se habla de MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA MACHISTA, cuyo número supera a las muertes por terrorismo, son muchas las voces que se alzan a favor de los derechos no de un presunto maltratador, sino de un maltratador sobre el que pesa una sentencia condenatoria. Es evidente que siguen estando presentes los patrones culturales y sexistas de la discriminación contra la mujer.

No debe admitirse la propuesta hecha por el CGPJ, porque supone un paso atrás en la lucha que nuestra sociedad tiene comprometida contra la violencia de género. Las Asociaciones de Mujeres firmantes estamos radicalmente en contra de dicha propuesta en nuestra condición de promotoras y defensoras de la Ley Integral aprobada por unanimidad en el Parlamento.

Asociaciones de Mujeres Firmantes:

-         Asoc. Mujeres Juristas Themis - www.mujeresjuristasthemis.org

-         Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas  - www.separadasydivorciadas.org

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2 comentarios

JESUS AYALA CARCEDO -

¿ QUÉ DEFIENDEN LAS ASOCIACIONES DE MUJERES DE BURGOS ? ¿ SOLO SUS SUBVENCIONES ?.

¿ QUÉ DEFIENDEN LAS ASOCIACIONES DE MUJERES EN BURGOS ?

GRAVISIMA SITUACION DE LA UNIDAD DE ATENCION A LA MUJER DE BURGOS ( JUNTA DE CASTILLA Y LEON )

Ha tenido que ser por LA PALABRA DE BURGOS, del 31 de enero al 6 de febrero de 2.008, que muchos burgaleses nos hemos enterado que un servicio muy importante, para todas las mujeres de Burgos, LA UNIDAD DE ATENCION A LA MUJER DE BURGOS, Paseo de Atapuerca, 4, BURGOS, tiene unos retrasos monumentales de hasta dieciocho meses, e incluso que no están dando citas.

Si todas las asociaciones de mujeres de Burgos no han sido capaces de denunciar esta situación, ¿ PARA QUÉ SIRVEN ?.

Es muy grave que diversas asociaciones de mujeres de Burgos puedan estar dando charlas en los colegios, a nuestros hijos, aconsejando denuncias a esposos, expulsarlos de casa, separar a niños de sus papás, defendiendo el aborto, etc., y esto no lo hayan denunciado.

¿ Cómo pueden defender el aborto, si las mujeres de Burgos pueden tener problemas para tener eficaces medios que eviten embarazos no deseados ?

¿ Qué están haciendo EL AYUNTAMIENTO DE BURGOS, EL CONSEJO SECTORIAL DE LA MUJER DE BURGOS, LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER “ LA RUEDA ”, LA ASOCIACION DE AYUDA A VICTIMAS DE AGRESIONES SEXUALES, ASOCIACIONES DE AMAS DE CASA, ETC. ?.

¿ QUE ESTAN HACIENDO EL PARTIDO POPULAR, PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL, SOLUCION INDEPENDIENTE , IZQUIERDA UNIDA, TIERRA COMUNERA, SAIN …………. ?.

Las consecuencias de este mal servicio público es que se puedan estar produciendo embarazos que se debieron evitar, y que pueden terminar en ABORTO.

PUEBLO DE BURGOS:

NO SEAS COMPLICE DE ABORTOS DEBIDOS AL MAL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO PUBLICO.

JESUS AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS.

JESUS AYALA CARCEDO -

SE PIDE A LA FISCALIA QUE DENUNCIE A LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER "LA RUEDA", DE BURGOS, POR DECLARACIONES CONTRA GUARDIAS CIVILES.
FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON

Calle San Juan, 2

09003 BURGOS


Asunto: EXIGENCIA DE QUE ESA FISCALIA FORMULE DENUNCIA CONTRA LA “ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS”



Burgos, 20 de noviembre de 2.007



Ilmos. Sres.:



Recientemente, la ASOCIACION INDEPENDIENTEMENTE DE LA GUARDIA CIVIL (ASIGC), emitió un comunicado a los medios de comunicación, en que comentaba ciertos aspectos de su actuación en relación con el trabajo que desarrolla la Guardia Civil , en relación a lo que viene llamándose violencia de género, machista, doméstica, etc., y la aplicación del protocolo que tienen que seguir. En concreto, noticia fue publicada en Diario de Burgos, de fecha 14 de noviembre de 2.007. Desconozco si algún otro medio de comunicación de Burgos ha dado cuenta del citado comunicado.



En el citado Diario de Burgos, de fecha 15 de noviembre de 2007, la citada ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, bajo el título “ LA RUEDA RESPONDE A ASIGC”, en la rúbrica Cartas de Lectores, hace una serie de comentarios sobre el citado comunicado de dicha Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), que, en mi opinión, está indicando a la ciudadanía que la GUARDIA CIVIL está incumpliendo el ordenamiento jurídico vigente y que, incluso, pudiera estar dejando indefensas a mujeres. Repito, es una impresión y opinión mía. Con fecha 17 de noviembre de 2.007, en El Correo de Burgos, aparece esa misma carta publicada, en la rúbrica Cartas al Director.



A mi manera de ver, esta ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER “ LA RUEDA ”, DE BURGOS, con su sólo nombre, parece que el estado español es un corrupto país tercer mundista, en que una asociación privada es necesaria, para defender a las mujeres, porque miles de funcionarios de distintas instituciones de Burgos son incapaces de defender a las mujeres que viven en Burgos, entre ellos los distintos componentes de la Guardia Civil.



Cuando esta asociación está acusando a la Guardia Civil de faltar a la legalidad vigente, bueno es preguntarse con que orden judicial tuvo esta asociación a mi hija, menor no emancipada, de nacionalidad francesa, secuestrada en la casa de acogida que regían en el año 1.990, con fondos públicos, pues dicho secuestro nunca contó con mi autorización, como ciudadano con todos mis derechos legales, que nunca me han sido quitados. Me temo que en estos temas, en el estado español se está funcionando con asociaciones como la que recientemente ha querido llevar a Francia 103 niños del Chad.



En Diario de Burgos, de fecha 22 de diciembre de 2.006, la presidenta de esta asociación manifestaba que la Concejalía de la Mujer , del Excmo. Ayuntamiento de Burgos las había enviado 70 mujeres, al no poderlas atender dicho Excmo. Ayuntamiento de Burgos. Sin embargo, el Excmo. Procurador del Común de Castilla y León, en la resolución de su expediente Q/004-0006/07, de fecha 27 de febrero de 2.007, manifestaba que, como resultado de sus gestiones:



“ no ha quedado acreditada la existencia de irregularidad alguna en la actuación de dicha Administración, ya que según información facilitada a esta Institución, la citada Concejalía ha prestado información y asesoramiento a todas las mujeres que lo han requerido, no habiendo sido derivadas, en consecuencia, a la mencionada Asociación privada.”



Me temo que es la citada ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER “ LA RUEDA ” la que debe probar su buen hacer ante la sociedad burgalesa, y no acusar a la GUARDIA CIVIL , en general, y lo que pueda corresponder a los miembros que prestan su servicio en Burgos.



Es por ello que, con idénticos argumentos a los de su escrito de fecha 13 de agosto de 2.004, dirigido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Burgos, por el Fiscal – Jefe en Funciones de esa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con número de salida 376, en base a los artículos 205, 206, 208, 209 y 215 del Código Penal, interese y se acepte la denuncia, se incoe el procedimiento penal correspondiente, se tome declaración a las personas que dirigen dicha ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, con domicilio en Pl. Alonso Martínez, 7, de Burgos, y se ponga en marcha el estado de derecho como en justicia corresponda, en defensa del buen nombre de la Guardia Civil en Burgos, cuyo hacer cotidiano ha sido puesto en duda, con publicidad, ante los ciudadanos de Burgos.



En el punto número uno de la carta de publicada por esta asociación se habla de daños irreparables, entre otras cosas, se habla de que la ASOCIACION INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL ha prescindido de toda evidencia constatada irrefutablemente, entre otras, por Naciones Unidas, a lo que se debe decir que Naciones Unidas hace estudios y dirige políticas dirigidas a multitud de países, con muy diversas culturas y realidades sociales, y que en el estado español no existen, pues aquí no hay matrimonios concertados entre niños, compra de esposas, ni mutilaciones genitales femeninas, ni las imponemos burka alguno. Si, en estos momentos, no hay una mujer al frente de la alcaldía de Burgos o del gobierno del estado español, no es porque la mujer tenga limitación alguna que impongamos los ciudadanos de Burgos, sino porque los partidos mayoritarios en Burgos y a nivel estatal no han propuesto a ninguna mujer para dichos cargos, y, en consecuencia, no las hemos podido votar.



Habla también del Consejo General del Poder Judicial, sobre este tema. A este respecto, recuerdo la conferencia, a la que asistí, en Valladolid, en relación a la violencia de género, que se celebró el 14 de octubre de 2004, a la que asistieron diversos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Intervenían la Excma. Sra. Dª Monserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial y el Excmo. D. José Luis Requero Ibáñez, también vocal del Consejo General del Poder Judicial. Sus opiniones, sobre este tema, eras distintas y contrarias. Es más, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido el 28 de enero de 2.004, sin la presencia de la misma, y en relación con unas declaraciones de Dª Montserrat Comas, las mismas, en base al artículo 20 de la Constitución Española , sobre su derecho a la libertad de expresión, pero, en modo alguno, asumía las mismas. Las declaraciones que pueda haber hecho esta ciudadana, bien como portavoz, que estimo, ha sido o es, de la asociación judicial JUECES PARA LA DEMOCRACIA , evidentemente, no eran avaladas por el citado Consejo General del Poder Judicial. Como actual presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, no tengo elementos de juicio para saber si sus observaciones son avaladas por el resto de los componentes del mismo.



La ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, en el apartado uno de su escrito publicado en la prensa, se afirma “ se permite causar un maltrato institucional a las mujeres utilizando los argumentos del propio maltratador, consistente en considerar carentes de fundamento, y, en definitiva falsas, denuncias que sobre Violencia de Género presentan las mujeres.” Esto está afirmando esta asociación de miembros de la Guardia Civil. Es muy fuerte, y muy grave, y, por quien corresponda, debe defender el bueno nombre y el buen hacer de la Guardia Civil.



En abril de 1.998, con motivo de la presentación de los datos del año 1.997, el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de León, D. Félix Herrero Abad afirmaba que una causa de los malos tratos estaba en la Ley de Divorcio vigente, en aquel momento, y, entre otras cosas, abogaba por separar la custodia de los hijos y el reparto de bienes. Es decir, detrás de al menos parte de estos temas hay temas económicos.



En febrero de 2.001, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid condicionaba ayudas de la Concejalía de Bienestar Social, de hasta 45.942 pesetas, a poner una denuncia. Es decir, denunciar igual a ayuda económica. Estimo que en casos concurría un grave problema social.



En el año 2.002, la Ilma. Sra. Directora General de la Junta de Castilla y León, Dª Ana Parra Sancho, con motivo de unas muy graves acusaciones contra una asociación de mujeres de Valladolid, responsable de una casa de acogida, manifestaba que la responsabilidad de la Junta de Castilla y León era sólo administrativa. Así es como se controlan grandes subvenciones públicas y esa irresponsabilidad en su uso asumen los que financian estas actividades.



En diciembre de 2.002, la responsable del servicio de asesoramiento de temas de violencia doméstica, del Iltre. Colegio de Abogados de Burgos, merced a un convenio suscrito en enero de 2.002, entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía , Dª Carmen Santos de Quevedo, daba a conocer a la opinión pública de Burgos, a través de El Correo de Burgos, que de los juzgados de Burgos les llamaban para atender estos casos. Lo que hace que no sea ilógico pensar que las denuncias que se ponían se hacían en base a recomendaciones de los abogados de dicho servicio, y se podían hacer en Comisaría o Guardia Civil. Es decir, los juzgados de Burgos se quitaban el muerto y es posible que muchas denuncias se pusieran ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y dirigidas por abogados. En la prensa, una responsable de la Cruz Roja de Burgos decía que algunas mujeres acudían al Centro de Emergencia para dar un escarmiento a su pareja, y que aconsejaban que no se denunciara. (El Correo de Burgos, 3/11/2002).



En el año 2004, en la publicación de Valladolid, La Voz de Castilla y León, la presidenta y la vicepresidenta de la AGRUPACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DE VALLADOLID (AMAV), Dª Victoria Eugenia Delgado y Dª María José Sánchez reconocían que “es frecuente que se utilice la denuncia como presión o escarmiento”. Estimo que no es descabellado pensar que el utilizar la denuncia como presión está relacionado con utilizarlo para obtener ventajas materiales, entre otros fines.



En carta del 14 de julio de 2.004, Dª Ana Mª Ovejero Puente, asesora el Gabinete del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, manifestaba:



“es prioridad de este Ministerio, modificar el Código Civil en materia de separación y divorcio, por la razón que Ud. nos expone. El Gobierno considera que los integrantes de la pareja han de gozar de mayor libertad para entrar y salir de la relación matrimonial. La desvinculación del matrimonio ha de ser, pues, rápida y sencilla, lo que redundará en beneficio de los integrantes del matrimonio y puede contribuir también a evitar de manera decisiva situaciones conflictivas como es la utilización de los malos tratos para agilizar los procedimientos de separación y divorcio. Todo ello garantizando la posición de los hijos y la preservación del interés superior de los menores.”



Ese mismo año, la Ilma. Sra. Jueza Decana de los Juzgados de Barcelona, Dª María Sanahuja apelaba a los letrados a solucionar los conflicto de pareja por otras vías, y decía:



“que han de disuadir a sus clientes de utilizar los procedimientos penales para obtener mejores resultados en los procedimientos civiles, como en los casos de separación y divorcio.”



Y seguía añadiendo:



“existen denuncias por malos tratos falsas o infladas.”



La Ilma. Sra. Dª Carmen Valcárcel, titular de un Juzgado de Instrucción de Madrid, reconocía:



“Estamos forzados a dictar una serie de medidas porque la mujer que denuncia, en muchas ocasiones, se han tirado a la piscina sin agua.”



También afirmaba:



“Los jueces no somos adivinos. En procesos de 15 minutos no se puede decidir la vida de alguien. La manipulación que se hace de nuestras sentencias es insultante.”



Implícitamente, la antigua Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Dª Rosa Mª Valdeón Santiago, hoy alcaldesa de Zamora, en enero de 2.005, en la emisora Punto Radio, aseguraba:



“Que es mejor que algunas ayudas lleguen a personas que no les corresponden que alguien a quien le corresponda se quede sin ellas. Es un riesgo que merece la pena correr en un ámbito especialmente sensible como el de el colectivo de mujeres maltratadas.”



Y digo yo, ¿ y si una ayuda de esas que no corresponden se ha hecho en base a una denuncia realizada ante la Guardia Civil ?. Preocupante y muy grave.



Porque las ayudas que se estaban dando en base a la Orden Fam /19/2006, de 10 de enero, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a empresas para fomentar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, dentro de las actuaciones que se incluyen en el Plan Dike (Código TEAY FAM 001), en su apartado segundo, acción subvencionable, indicaba que la situación de maltrato se consideraba acreditada, entre otros documentos:



Certificado en el que conste que la mujer ha estado ingresada en algún Centro de Acogida para mujeres víctimas de maltrato.

Copia de la denuncia por maltrato.

Parte o informe médico en el que conste que la mujer ha sido atendida en algún centro sanitario por causa de maltrato.

Informe de un profesional competente en la materia, con la manifestación expresa de que la mujer ha sido atendida por causa de maltrato y en el que conste se ha recibido o está recibiendo algún tratamiento específico por este motivo.



Pues bien, en la convocatoria de este año, la Junta de Castilla y León ya no considera estos justificantes como causa de maltrato, después de que la Junta de Castilla y León aceptara la gestión del Excmo. Sr. Procurador del Común de Castilla y León, expediente nº Q/04-562/05.



También el Excmo. Ayuntamiento de Burgos ha aceptado la resolución del Excmo. Procurador del Común de Castilla y León, nº Q/004-0162/07, por la que acepta no considerar al Punto de Encuentro Familiar regido por la asociación privada, financiada con dinero público, APROME, como recurso para asistencia a la mujer que sufre maltrato, aunque, el l5 de noviembre de 2.007, aún figuraba como tal.



Cuando la ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, arremete contra miembros de la Guardia Civil , estimo que lo hace mal informada. En efecto, la Junta de Castilla y León ha venido firmando convenios con los distinto Colegios de Abogados de esta comunidad. ¿ Para qué ?. Muy sencillo, con claridad, y sin pelos en la lengua, lo manifestaba la antigua Directora General de la Mujer de Castilla y León, Dª Rosa Urbón, a los medios de comunicación:



“Se ha constatado que muchas mujeres víctimas “no se atreven a denunciar porque no saben el procedimiento o las vías jurídicas existentes”. “Queremos que conozcan sus derechos, el procedimiento y que resuelvan esas dudas como qué va a pasar cuando denuncien con sus hijos, con la hipoteca, con el domicilio familiar, si tendrán derecho a una pensión.”



Esto se puede consultar en el ejemplar de Diario de Burgos, de fecha 14 de abril de 2.007, en su página 37, y en relación con el convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y el Iltre. Colegio de Abogados de Burgos, para asesorar a mujeres de Miranda de Ebro (Burgos).



Por cierto, hace no mucho, desde la Concejalía de Igualdad, del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), se hablaba de la descoordinación que existe entre la Junta de Castilla y León y dicho ayuntamiento, en estos temas. Por lo visto, no intercambiaban información. Evidentemente, desde mi modesta opinión, se están utilizando estos temas para obtener clientelismo político y demagogia. Es el colmo que suceda esto.



Especialmente grave es lo que afirma esta asociación de mujeres, ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, en su punto 2º:



“Es universalmente conocido y científicamente constatado el hecho de que las víctimas de la Violencia de Género sólo denuncian entre un 5% y un 10 % tras haber padecido una media de diez años de violencia sexista ........ Y esto es sólo la punta del iceberg.”



En el punto anterior, esta asociación hablaba del Congreso y del Senado. Pues bien, esto es lo que pasó por el Congreso y el Senado: Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.



Entre otras muchas cosas, en la exposición de motivos de la misma se indica:



“Así pues, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales.”



Cualquiera de esas mujeres, que científicamente, según la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, lleva unos diez años de maltratos, desde el 10 de julio de 2.005, ha podido obtener el divorcio, conforme a los artículos 86 y 81 del Código Civil, sin tener que alegar nada, pues se puede pedir:



“Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio............

A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio.”



Por no extenderme en argumentaciones jurídicas y comentar lo que indican el artículo 105 del Código Civil y el artículo 770.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, indico su existencia, nada más.



Estimo que personas muy cualificadas, con perfecto conocimiento de estas situaciones afirman que detrás de denuncias hay procesos de separación y divorcio, en que se ventilan temas económicos, o han sido requeridas para obtener ventajas sociales.



No está demás recordar que uno de los profesionales más conocidos como abogado en temas de familia, Sr. Zarraluqui, viene afirmando que se utilizan las denuncias para estos temas.



En el periódico gratuito 20 minutos, de fecha dos de octubre de 2.007, en primera pagina, aparece:



HABRA PENAS PARA LOS QUE DENUNCIEN FALSOS MALOS TRATOS EN VIGO. La Fiscalía reforzará el control ante el aumento del fraude en casos de violencia doméstica. La mayoría de los que mienten son personas separadas que tratan de agilizar el divorcio. Ahora, si se detecta que un caso es falso el implicado irá a juicio.



Se recogen declaraciones del abogado de Vigo, D. Pablo Ulfe, y que estos casos son conocidos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer , de Vigo. En definitiva, parece que Fiscalía, Juzgado y abogacía conocen algo que denuncian Guardias Civiles, conocido en el ejercicio de su actividad pública, y que niega la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS.



¿ Cuáles son las razones científicas por la que haya mujeres que aleguen diez años de maltrato en el matrimonio que nos impusieron, con el hombre que impusieron, sin que fuera ni necesario, ni obligatorio ?.



Alguien tendrá que decírselo a esos Guardias Civiles de la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, porque no hay ningún impedimento jurídico para que no estén con quién manifiestan no querer estar, ni un solo momento no deseado.



En el punto 3º del escrito de esta asociación, la ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, manifiesta:



“De nada servirán las medidas legislativas que se arbitren si las mentalidades de quienes deben atender y proteger a las mujeres consideran que las denuncias se hacen por motivos fraudulentos.”



En contra de la que afirma esta asociación, debemos agradecer que los Guardias Civiles piensen y puedan manifestar no ideas, sino hechos, que otras muchas personas vienen reconociendo, en todo sitio y lugar.



Porque mal harán los Guardias Civiles si no nos protegen a todos, o es que hay que hacer una Guardia Civil sólo para atender a mujeres, dejando sin atender a hombres y niños.



En este momento, en que puede haber unos cuatro millones de personas que no han nacido en el estado español, conviviendo con nosotros, cuyos orígenes, religiones, culturas y costumbres desconocemos, aunque no lo pueda probar, seguro que hay mujeres y niñas que han sufrido mutilación genital, han contraído matrimonio pactado por los padres, e incluso puede haber habido una transacción económica para que se produjeran los matrimonios. Esas mujeres sí que pueden ser las legítimas destinatarias de las situaciones que son objeto de la LEY ORGANICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y que se indican en el artículo 1 (Objeto de la Ley ). En el estado español no se celebran matrimonios sin que ambos contrayentes consientan en contraer matrimonio con el otro, y respondiendo ambos afirmativamente. (Artículo 58 del Código Civil).



En el punto 4º del escrito que aparece en los medios de comunicación se indica:



“Si, como declara Asigc, las mujeres denuncian “sólo porque se lo dijo su abogado” deben de forma inmediata probarlo y a su vez denunciar porque de otra forma estarían encubriendo un delito.”



Estimo que esa frase puede estar fuera del contexto del comunicado de dicha asociación de Guardias Civiles, porque estimo que eso pueda ser el caso de algunas mujeres, y así lo hayan manifestado.



En cuanto a los medios de probar estos temas, por parte de los Guardias Civiles, estimo no equivocarme si manifiesto que los Guardias Civiles de Burgos no cuentan con todos los medios técnicos que se contemplan en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE DOMESTICA Y DE GENERO (Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2.005, tras haberse adaptado el anterior Protocolo a las modificaciones de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género).



Punto I.B.- RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO:



Las diligencias de inspección ocular y declaración de la víctima se documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc.) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes.



ANEXO I: CONTENIDOS MINIMOS DEL ATESTADO. 10.- DILIGENCIAS POLICIALES DE VERIFICACION Y COMPROBACIÓN DE LA DENUNCIA :



Las diligencias de inspección ocular se documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc.) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y circunstancias concurrentes.



Deberá averiguarse si la Guardia Civil de Burgos dispone de sistemas de grabación de voz, de vídeo, equipos de fotografía, etc., para estos casos. Porque es muy grave que se puedan achacar presuntos delitos a Guardias Civiles y no se les dé los medios de prueba que vienen el los protocolos que estimo deben seguir.



Cuando la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, afirma que Guardias Civiles, la Guardia Civil, puedan estar causando un maltrato institucional de consecuencias impredecibles para las mujeres y los niños y niñas víctimas de Violencia de Género, y están exigiendo a quienes son responsables de la atención a las mujeres en este contexto que se pronuncie oficialmente, teniendo presente que contra la Violencia de Género la tolerancia debe ser cero,



ME RATIFICO EN MI EXIGENCIA DE QUE



esa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León



DENUNCIE



A la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS por posibles delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos, de la Guardia Civil , a los cuales les acusan de pensar de un modo independiente, a lo que piensan ellas, y dar información de hechos y circunstancias que ven en su trabajo, con el objetivo, estimo, de que, por quién corresponda, se dé por enterado, y proceda a evitar, por un lado trabajos quizá inútiles, y, por otro, abusos de los que son víctimas hombres y niños.



No es mi deseo hacer chistes fáciles, pero, estos días, el Excmo. Ayuntamiento de Burgos pone grandes carteles donde indica que en cinco años han fallecido CUARENTA Y CINCO PERSONAS POR ATROPELLOS, en la ciudad de Burgos. El chiste sería indicar que como se salvarían más vidas es dedicando las fuerzas y cuerpos de seguridad a regular el tráfico que a proteger mujeres, que, por cierto, no sólo lo indican estos valientes Guardias Civiles: hay mujeres que son las primeras en no respetar las órdenes de protección que pidieron, y concedieron, le guste o no a esa asociación de mujeres.



Si que recuerdo que hace años, la Guardia Civil de Burgos indicaba, creo que en El Correo de Burgos, que un número importante de denuncias de mujeres eran puestas por mujeres en grave situación social



Por último, no debo terminar este escrito, que reconozco extenso, sin recordar lo que manifestaba el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de Valladolid, en el año 2.000, más o menos: si un padre pretendía la guardia y custodia de los hijos, lo normal era que abandonara a vivienda y se quedara en casa la esposa con los hijos.



En Castilla y León existen unas 200.000 viviendas vacías. En la ciudad de Burgos más de 10.000.



Miedo me dan las políticas que se siguen de expulsar a ciudadanos de su domicilio, obligarles a pagar la hipoteca y dejarles sin hijos y sin honra.



No puedo menos que agradecer a la ASOCIACION INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL el que haya tenido la valor de decir lo que ellos ven a diario y muchos otros ya han denunciado. Gracias.



Sí manifestar que estimo que puedan existir campañas orquestadas para “ACOJONAR” a jueces, fiscales, políticos, funcionarios, ciudadanos o asociaciones que defiendan, pura y simplemente, los derechos y deberes que contempla la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Notoria es la teoría de muchos de estos grupos que injurian a la inteligencia y a muchos padres de familia al indicar que padre que pide la custodia de sus hijos o la custodia compartida es un maltratador.



Atentamente,











Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS





P. D.- Por supuesto, estoy contra todo maltrato, del tipo que sea y cometido por el que sea, hombre o mujer, y no me opongo al castigo que pueda corresponder, después de un juicio con todas las garantías, pero, desgraciadamente, en estos temas, demasiado a menudo faltan, para padres y niños. Las denuncias falsas, sí existen. ¿ Y la igualdad ante la ley por el mismo presunto hecho ?.

http://www.asigc.org/ver_noticia.asp?id=5930


















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La Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) crítica el protocolo de valoración policial del riesgo de las víctimas de violencia de género, por la sobrecarga de trabajo que para los agentes supone, y por la poca colaboración de algunas presuntas víctimas, cuando ya han conseguido de la Administración lo que pretendían con su denuncia.



Si bien el Gobierno de Rodríguez ZAPATERO ha demostrado un interés especial por la violencia de género y ha implicado a la Guardia Civil y demás Cuerpos de Policía, - como no se había hecho antes por ningún otro Gobierno-, en el seguimiento, vigilancia y control de las víctimas de la violencia de género y de sus agresores; -penando como delito, cualquier forma de violencia física o psíquica-, lo cierto es que las medidas de protección y seguimiento, están costando no sólo una especial dedicación de tiempo, por parte de los agentes, a éste grave problema, sino que en la práctica no pueden llevarlo a efecto en su totalidad, en algunos casos porque serían necesarios más agentes y en otros porque la víctima o supuesta víctima, una vez conseguido su propósito de la Administración, hasta le resulta molesto en algunos casos que la Guardia Civil le esté consultando o entrevistando, aún cuando sea de forma telefónica, pues con su denuncia se ponen en marcha todos los mecanismos para facilitar la separación o el divorcio, en la forma más beneficiosa para sus intereses, por lo que los agentes observan que a veces la denuncia no cumple el fin de evitar el riesgo de agresión o maltrato, ya se físico o psicológico, sino más bien un interés meramente judicial en un proceso de separación o divorcio, de manera que se asegure la custodia de los hijos y la asignación de bienes.



En otros casos son las propias víctimas las que cambian de domicilio sin ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, -demostrando poco interés-, con lo que las idas y venidas de los guardias civiles, al domicilio de la presunta víctima, para consultarle y ponerse a su disposición, resultan infructuosas, mientras los vecinos se preguntan, ¿qué pasa que viene tanto la Guardia Civil?, sin resultado alguno.



En otras ocasiones las o los guardias civiles escuchan frases como, “ya no me hace falta, -la Guardia Civil-, sólo necesitaba la denuncia, como me dijo el abogado”.



Otras veces, las constantes y continuas denuncias de la presunta víctima a su presunto agresor, se convierten en “contra denuncias”, de hechos que bien se pudieron poner en conocimiento de los guardias civiles con anterioridad y no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Demostrando con ello el oportunismo de la denuncia, en atención a intereses distintos, a los de su propia seguridad. Y perjudican con ello el funcionamiento de la Guardia Civil, que podría dedicar mas tiempo a las situaciones de verdadero riesgo, y a las verdaderas necesidades de la víctima.



Entre las MEDIDAS DE SEGURIDAD que los guardias civiles tienen que procurar a las denunciantes de malos tratos, por parte de su cónyuge o pareja, ya sea, de hecho o de derecho, se encuentran las siguientes:



- Contactos personales, esporádicos y discretos.

- Entrevista personal con la víctima después de la denuncia.

- Ofrecer la entrega de un móvil para teleasistencia.

- Vigilancias periódicas del domicilio, trabajo y salida y entrada del colegio cuando la víctima acude a por sus hijos.

- Adiestramiento a la víctima de medidas de autoprotección.

- Acompañamiento a la víctima al juzgado o a los lugares asistenciales o administrativos donde deba acudir.

- Vigilancia permanente de la víctima ante una emergencia.

- Etc..



Medidas todas ellas sin duda necesarias, ante una situación de verdadero riesgo o presumiblemente de riesgo; pero lo cierto es, que las cifras de HOMICIDIOS o ASESINATOS de las mujeres, a manos de sus parejas o cónyuges, siguen aumentando, al igual que lo hacen, en algunos casos las denuncias con un fin claramente favorable para los intereses judiciales de la denunciante.



Murcia, Sevilla, Alicante y Valencia, los lugares donde más se han denunciado presuntos delitos relacionados con la VIOLENCIA DE GÉNERO.



Desde el 31 de julio de 2.007 hasta el 22 de octubre de 2.007 se han contabilizado por la Guardia Civil a nivel nacional un total de 2.281 denuncias directamente relacionadas con la VIOLENCIA DE GÉNERO. Siendo la Región de Murcia la que se encuentra a la cabeza nacional, con 263 denuncias, le sigue Sevilla con 162 denuncias, Alicante con 155 denuncias, Valencia con 143 denuncias y Madrid con 137 denuncias.

Los datos se refieren a las poblaciones que en esas provincias, tiene encomendada la Seguridad Ciudadana la Guardia Civil, aproximadamente la mitad de la población, porque la otra mitad en las capitales o grandes poblaciones se encomienda a la Policía Nacional, se excluyen las provincias VASCAS, Gerona, Lérida y los municipios de Barcelona y Tarragona en las que ya se hubiera transferido a los Mossos d´Escuadra ésta competencia.



*Pueden ver los datos en el Libro excel que se acompañada como documento adjunto con el nombre, NUEVOS CASOS.

Además puede observar las revisiones extraordinarias de denuncias que anteriormente a la fecha del 31 de julio de 2.007 hubiera recibido la Guardia Civil. Revisiones que en algunos casos solicita la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal, o promueve la Guardia Civil para hacer una nueva valoración del riesgo.

También pueden ver los concretos informes que para la valoración del riesgo realizan los guardias civiles de atención al ciudadano o de la policía judicial, y la evolución del riesgo que cada determinado tiempo tienen que efectuar los agentes, según sea valorado éste, en la denuncia, como leve, medio o alto.

Se adjuntan los cuestionarios que los agentes de la Guardia Civil realizan a la presunta víctima o incluso a los testigos para valorar el riesgo. Dando el programa informático la valoración a resultas de las respuestas efectuadas.



Esperando sea de su interés se le envía el comunicado, con los documentos adjuntos para completar la misma.



Se ruega citen a la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) y sus declaraciones.

DESCARGAR DOCUMENTOS ADJUNTOS.

Sin otro particular reciban un cordial saludo. Agradeciendo su atención, a 05 de Noviembre de 2007.



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